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El Salvador: tregua de pandillas fue una política de Estado

April 30, 2019 GMT

SAN SALVADOR (AP) — La polémica tregua entre las dos principales pandillas salvadoreñas, con la que se buscó disminuir el índice de homicidios en el país hace más de media década, fue una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad del expresidente Mauricio Funes, afirmó el lunes el exministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés.

En 2012, los líderes de la Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

“El proceso de pacificación era una política pública de gobierno y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores y de los miembros de la OEA (Organización de Estado Americanos) y mantener informado al señor presidente de la Republica de los avances del proceso”, dijo el militar.

Las declaraciones del ahora ministro de la Defensa Nacional se dieron luego de presentarse ante un juzgado donde rindió testimonio como testigo en el juicio contra 18 imputados acusados de participar en el proceso de acercamiento entre los dos grupos criminales y que están siendo procesados por los delitos de actos arbitrarios y agrupaciones ilícitas.

Munguía Payés confirmó que el ex fiscal general, Luis Martínez estaba informado de la tregua y que en varias oportunidades participó en las reuniones del gabinete de seguridad, pero reconoció que hubo diferencias entre ellos “sobre como conducir este proceso” y que pese a la medicación de Funes terminó por retirarse. En público, Martinez la calificaba como una “tregua hipócrita”, pero nunca la investigó.

Entre los implicados en el llamado “caso tregua” figuran el excomandante guerrillero Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; el oficial de la policía Juan Roberto Castillo y otros 15 exfuncionarios del sistema penitenciario.

Munguía Payes dijo que al no poder involucrarlo a él en la trama, la Fiscalía decidió procesar a varias personas que según él no tienen nada que ver con este proceso con excepción del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, aunque aclaró que era su subalterno, y solo “recibía órdenes de parte mía para facilitar el trabajo de los mediadores en el proceso de pacificación”.

Durante el juicio, testigos han señalado a Munguía Payes como la persona que lideró la tregua, pero en el juicio solo aparece como testigo.

“¿Porque no estamos nosotros siendo procesados?, porque no hay información que nos implique en ningún ilícito. Nosotros estábamos desarrollando una política pública”, respondió.

Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades retiraran una serie de beneficios para los pandilleros presos.

Esta es la segunda vez que los imputados comparecen ante un tribunal luego que en agosto de 2017, el juez Godofredo Salazar absolviera a los 18 acusados de cometer los ilícitos durante la tregua, argumentando que estos presuntamente recibieron órdenes de Munguía Payés. Sin embargo, la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo y la Cámara Especializada de lo Penal ordenó que se repitiera el juicio.

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos, mientras que más de 15.000 están en las cárceles. Según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.