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Documentos destapan horror de centros de detención chinos

November 24, 2019
Un centro de detención en Artux en la provincia de Xinjiang en el oeste de China, el 3 de diciembre del 2018. (AP Photo/File)
Un centro de detención en Artux en la provincia de Xinjiang en el oeste de China, el 3 de diciembre del 2018. (AP Photo/File)

Las torres de control, las puertas con candado doble y la vigilancia con videos están allí para “evitar fugas”. Los uigures y otras minorías retenidas en el lugar son catalogadas a partir de qué tan bien hablan el mandarín y siguen las estrictas reglas que hay para todo, incluso cómo se bañan y usan el inodoro. La puntuación que reciben decide si pueden irse.

La “enseñanza de modales” es obligatoria, pero los cursos para “mejorar las aptitudes vocacionales” se ofrecen sólo cuando han estado un año recluidos.

El gobierno chino ha detenido a cerca de un millón de personas, mayormente de minorías étnicas musulmanas, para lo que llama capacitación laboral voluntaria. Pero un plan de acción clasificado filtrado a un grupo de organizaciones periodísticas revela que esos campamentos son exactamente lo que describen personas que estuvieron recluidas allí: centros secretos de reeducación ideológica y de conducta.

Los documentos, altamente confidenciales, contienen una estrategia deliberada del gobierno chino para encerrar a las minorías étnicas para cambiar su forma de pensar e incluso la lengua que hablan.

Muestran cómo Beijing está a la vanguardia de una nueva forma de control social basado en el uso de información y de la inteligencia artificial. Por ejemplo, a partir de la información recabada usando tecnologías para la vigilancia, las computadoras produjeron los nombres de decenas de miles de personas a ser interrogadas o detenidas en solo una semana.

En conjunto, los documentos ofrecen la descripción más relevante obtenida hasta ahora de cómo funcionan los centros de detención masiva, de boca del propio gobierno chino. Expertos dicen que detalla un vasto sistema que detecta objetivos, vigila y clasifica grupos étnicos, para asimilarlos por la fuerza, sobre todo los uigures, una minoría turca de unos 10 millones de personas con un lenguaje y una cultura propios.

“Confirman que esta es una forma de genocidio cultural”, dijo Adrian Zenz, experto en temas de seguridad de la región de Xinjiang, en el extremo oeste de China, donde viven muchos uigures. “Quieren cambiar, asimilar, someter grupos étnicos enteros... Revelan que, desde un primer momento, el gobierno chino tenía un plan”.

Zenz dijo que los documentos reflejan el objetivo de los campamentos expresado en un informe del 2017 de la rama local del Ministerio de Justicia de Xinjiang: “Lavar los cerebros, purificar los corazones, apoyar lo que está bien, eliminar lo que está mal”.

Desde hace décadas que China viene tratando de controlar Xinjiang, donde los uigures resienten el gobierno de mano dura de Beijing. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, las autoridades chinas empezaron a justificar las severas medidas de seguridad y las restricciones religiosas diciendo que eran necesarias para contener el terrorismo, aduciendo que muchos uigures eran susceptibles a la influencia de extremistas islámicos de otros países. Cientos de personas han muerto desde entonces en ataques terroristas, represalias y disturbios raciales, tanto uigures como chinos de la etnia mayoritaria.

En el 2014, el presidente chino Xi Jinping lanzó lo que describió como la “Guerra del Pueblo contra el Terror” en respuesta a atentados uigures con bombas en una estación de trenes de Urumqui, capital de Xinjiang, pocas horas después de que él concluyese su primera visita oficial a esa zona.

“Hay que construir muros de acero y fortalezas de hierro. Colocar redes arriba y trampas abajo”, habría dicho Xi, según la prensa oficial. “Reprimir con fuerza las actividades terroristas deben ser el objetivo de nuestra lucha actual”.

En el 2016 se intensificó dramáticamente la represión, luego de que Xi nombrase a Chen Quanguo, un funcionario de línea dura transferido desde el Tíbet, como nuevo administrador de Xinjiang. La mayoría de los documentos fueron emitidos en el 2017, en que la guerra de Xi contra el terrorismo daba paso a una extraordinaria campaña de detenciones masivas.

Esas prácticas se mantienen en la actualidad. El gobierno chino dice que están funcionando.

“Es precisamente por una serie de medidas antiterroristas preventivas y para contener el extremismo tomadas oportunamente que Xinjiang, que había estado plagado de terrorismo, no ha visto un solo incidente en tres años”, sostuvo Geng Shuang, vocero del ministerio de relaciones exteriores.

Geng no habló de los documentos filtrados específicamente, pero Liu Xiaoming, embajador de China ante el Reino Unido, dijo que eran “puros inventos”.

Los documentos fueron entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por una fuente anónima. El Consorcio verificó su autenticidad cotejándolos con informes de la prensa estatal y notificaciones públicas de la época, consultando a expertos, comparando la firma de Zhu con otras muestras y confirmando el contenido con exempleados y reclusos de los centros de detención.

Consisten en una serie de pautas a seguir en los campamentos, de cuatro boletines acerca de cómo usar la tecnología para poner a una persona en la mira y de un caso en el que un miembro uigur del Partido Comunista fue condenado a diez años de prisión por decirle a sus colegas que no dijesen malas palabras, viesen pornografía o comiesen sin haber rezado.

Los documentos fueron distribuidos entre todos los funcionarios por la poderosa Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista de Xinjiang, que supervisa la policía, los tribunales y la seguridad estatal. Fueron firmados personalmente por el máximo funcionario de esa época, Zhu Hailun.

A través de los documentos, el propio gobierno confirma lo que ya se sabía de los campamentos por los testimonios de decenas de uigures y de kazajos, imágenes satelitales y visitas de periodistas fuertemente supervisadas.

Erzhan Qurban, de origen kazajo y quien se fue a Kazajstán, fue detenido por la policía cuando regresó para ver a su madre y acusado de cometer delitos en el exterior. Él dijo que era un simple pastor que no había hecho nada malo. Para las autoridades chinas, sin embargo, el tiempo que pasó en Kazajstán era razón suficiente para arrestarlo.

Qurban dijo que estuvo encerrado en una celda con otras diez personas el año pasado y que se le advirtió que no incurriese en “actividades religiosas” como rezar. Los obligaban a sentarse en bancos con posturas rígidas por horas.

No podían conversar y dos guardias los vigilaban las 24 horas del día. Inspectores se aseguraban de que tuviesen las uñas cortas y no tuviesen bigotes ni barbas, que son una tradición entre los musulmanes devotos.

Quienes desobedecían esas órdenes eran forzados a acuclillarse o pasaban un día entero en régimen solitario, en cuartos helados.

“Eso no era educación, era un castigo”, dijo Qurban, quien estuvo retenido nueve meses. “Me trataron como un animal. Fue una tortura. Yo sólo quería que me pegasen un tiro”.

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¿QUIÉNES SON DETENIDOS Y POR QUÉ?

El 18 de febrero del 2017 Zhu, el funcionario han chino que firmó los documentos, se plantó una fría mañana de invierno en las escaleras de la municipalidad de la capital y observó a miles de policías vestidos de negro, blandiendo rifles.

“Con el poderoso puño de la Dictadura Democrática del Pueblo, todas las actividades separatistas y todos los terroristas serán destrozados”, afirmó Zhou por un micrófono.

Se puso en marcha en ese momento un nuevo capítulo en la represión del estado. La policía citó a los uigures y golpeó sus puertas de noche para someterlos a interrogatorios. Otros fueron detenidos en la frontera o en aeropuertos.

En los años que pasaron desde entonces, los uigures y los kazajos fueron enviados a campamentos de detención de a montones y el gobierno construyó cientos de escuelas y orfanatos para alojar y reeducar a sus hijos. Muchos de los que se exiliaron no saben dónde están sus hijos o sus seres queridos.

Los documentos dejan en claro que muchos de los detenidos no hicieron nada. Un documento afirma explícitamente que el propósito de la vigilancia digital era “prevenir problemas antes de que se presentasen”. En otras palabras, suponer quién podría rebelarse y arrestarlo antes de que lo hiciese.

Esto se hace a partir de un sistema de vigilancia llamado Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas o POCI. Elaborado por un contratista militar propiedad del estado, el POCI comenzó como una herramienta para compartir información de inteligencia desarrollada luego de que teóricos chinos estudiasen el uso que hace el ejército estadounidense de la tecnología de la información en Irak y Afganistán.

“No hay otro sitio en el mundo donde una computadora pueda mandarte a un campamento de confinamiento”, dijo Rian Thum, experto en Xinjiang de la Universidad de Nottingham. “Esto no tiene ningún precedente”.

El POCI produjo nombres de personas consideradas sospechosas, incluidos miles de imanes “no autorizados” --que no se registraron con el gobierno chino-- y sus colaboradores. La descripción de comportamiento sospechoso era tan amplia que incluía el simple hecho de viajar al exterior, pedirle a alguien que rezase o el uso de aplicaciones telefónicas que no pueden ser monitoreadas por el gobierno.

El POCI se enfocó en usuarios de “Kuai Ya”, una aplicación de teléfonos celulares parecida al Airdrop del iPhone, que se hizo popular en Xinjiang porque permite a la gente compartir videos y mensajes en forma privada. Un boletín indicó que las autoridades identificaron más de 40.000 usuarios de Kuai Ya para ser investigados y tal vez detenidos. De ellos, 32 fueron catalogados como pertenecientes a “organizaciones terroristas”.

“Temen que la gente vaya a propagar la religión a través de ‘Kuai Ya’”, dijo un individuo arrestado luego de que la policía lo acusase de usar la aplicación. Habló a condición de no ser identificado para protegerse a sí mismo y a su familia. “No lo pueden regular... Entonces quieren detener a todo el que ha usado ‘Kuai Ya’”.

De interés especial fueron las personas que obtuvieron pasaportes extranjeros o visas, reflejando el temor que siente el gobierno por la influencia de extremistas islámicos foráneos y su malestar con cualquier conexión entre los uigures y el mundo exterior. Se les pidió a las autoridades que verificasen las identidades de personas fuera del país, lo que revela cómo China está pendiente de los uigures incluso lejos de Xinjiang.

En los últimos años Beijing ha presionado a países a los que huyeron uigures, como Tailandia y Afganistán, para que los envíen devuelta a China. En otras naciones, la seguridad estatal contactó a los uigures y los presionó para que se espiasen entre ellos. Por ejemplo, un dueño de un restaurante en Turquía, Qurbanjan Nurmemet, dijo que la policía lo llamó con videos de su hijo atado a una silla y le pidió información de otros uigures en Turquía.

A pesar de la insistencia del gobierno chino en que los campamentos son centros de capacitación vocacional para los pobres y la gente sin educación, los documentos revelan que entre los detenidos hay funcionarios del PC y estudiantes universitarios.

Una vez producidos los nombres, se pasan las listas de gente en la mira a las autoridades regionales, que a su vez las entregan a los jefes de distrito y luego a las comisarías, los militantes que vigilan las actividades del barrio y a cuadros del PC que viven con familias uigures.

Algunos exdetenidos cuentan que fueron citados por las autoridades y se les informó que sus nombres figuraban en las listas de personas a ser arrestadas. De allí pasaban a distintos niveles del sistema, que pueden ser arresto domiciliario, centros de detención con tres niveles de supervisión y, en los casos más extremos, prisión.

Expertos dicen que las detenciones son una clara violación de las leyes y de la constitución de China. Maggie Lewis, profesora de derecho chino en la Seton Hall University de Estados Unidos, dijo que el PC está ignorando el sistema legal chino en el caso de Xinjiang.

“Cuando te tildan de enemigo, van a la guerra”, afirmó. “Ni siquiera tratan de justificarlo legalmente... Esto es arbitrario”.

Las barridas para mandar gente a estos campamentos parecen amplias. Un boletín dice que en una sola semana de junio del 2017 el POCI identificó a 24.612 “personas sospechosas” en el sur de Xinjiang y que 15.683 fueron enviadas a centros de ”educación y capacitación”, 706 a prisiones y 2.096 fueron colocadas bajo arresto domiciliario. No se sabe si esta es una semana típica. Funcionarios locales dicen que hay menos de un millón de personas recibiendo “capacitación”, pero algunos investigadores calculan que hasta 1,8 millones de personas pueden haber sido detenidas en un momento u otro.

Los boletines destacan que la relación debe ser cuidadosamente analizada y que las personas interrogadas deben ser presionadas para que den los nombres de amigos y familiares. Mamattursum Omar, un jefe uigur detenido luego de trabajar en Egipto, fue interrogado en cuatro centros de detención a lo largo de nueve meses. Declaró a la AP que la policía le pidió que verificase las identidades de otros uigures en Egipto.

En determinado momento, afirmó, empezaron a torturarlo para que confesase que estudiantes uigures habían ido a Egipto para participar en una guerra santa. Lo ataron a lo que los chinos llaman una “silla de tigre”, le hicieron descargas eléctricas, lo golpearon con tubos y le dieron latigazos con cables de computadoras.

“No pude soportarlo”, admite Omar. “Les dije todo lo que querían que les dijese”.

Omar dio los nombres de seis personas que trabajaron con él en un restaurante en Egipto. Todos fueron enviados a prisión.

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¿QUÉ PASA EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN?

Los documentos detallan también lo que sucede cuando alguien es enviado a un “centro de educación y capacitación”.

El Consejo Estatal de China dijo hace poco en un informe que “la libertad personal de las personas en los centros de educación y capacitación está protegida según las leyes”. Pero los documentos describen instalaciones con unidades policiales en la entrada, torres con guardias, alarmas que funcionan apretando un botón y sistemas de vigilancia con video que observan todos los rincones.

A los reclusos se les permite salir solo en casos de emergencia, como por ejemplo por enfermedad, y deben ser acompañados por alguien que los “supervise y los controle”. El uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido para evitar “confabulaciones entre los de adentro y los de afuera”.

Periodistas de AP que visitaron varios campamentos en diciembre del 2018 vieron torres con guardias y muros altos con alambres de púas. Un campamento en Artux, al norte de Kashgar, se encontraba en el medio de un amplio terreno vacío, rocoso, y parecía tener una estación policial en la entrada, talleres, un hospital y dormitorios, uno de ellos con un cartel que decía “casa de los trabajadores”.

Imágenes satelitales recientes muestran que las torres para vigilancia y los cercos fueron retirados en algunas instalaciones, lo que hace pensar que algunas instalaciones suavizaron sus restricciones en respuesta a las críticas internacionales. Shohrat Zakir, gobernador de Xinjiang, dijo en marzo que los detenidos podían ahora solicitar pasar los fines de semana en sus casas, algo que la AP no pudo confirmar en forma independiente.

El primer rubro del programa de estos centros es la educación ideológica, que busca cambiar la forma de pensar y de actuar de los detenidos. Responde en parte a una vieja creencia china según la cual se puede transformar a las personas a través de la educación, una filosofía que fue llevada a extremos en la época de Mao Zedong.

“Volvimos a los días oscuros de la Revolución Cultural, excepto que ahora emplean la alta tecnología”, dijo Zenz, el investigador.

Se supone que al mostrarle a los estudiantes sus errores del pasado, los centros promueven “el arrepentimiento y la confesión”, según la directiva. Por ejemplo, Qurban, el pastor kazajo, fue esposado, interrogado por un chino han y obligado a admitir que lamentaba haber viajado al exterior.

El adoctrinamiento va acompañado de una “educación de modales”, en la que se enseña cómo comportarse y a “cortarse el cabello y afeitarse puntualmente”, a “cambiar de ropa regularmente” y a “bañarse una o dos veces a la semana”. El tono del documento refleja la percepción generalizada de los chinos han del gobierno de que los uigures son proclives a la violencia y deben ser civilizados, como hicieron las fuerzas coloniales blancas en las Américas y Australia.

“Es una mentalidad parecida que proyecta un salvador, que estos pobres uigures no comprendían que estaban siendo llevados por mal camino por extremistas”, dijo Darren Byler, experto en la cultura uigur de la Universidad de Washington. “Piensan que los uigures son retrasados, que no tienen educación... gente sucia, a la que hay que enseñarle como lavarse”.

A los estudiantes se les debe permitir hacer una llamada telefónica a sus parientes al menos una vez por semana y pueden conectarse con ellos con video al menos una vez al mes, según los documentos. A quienes están recibiendo capacitación se le dice que presten atención “a los problemas ideológicos y los cambios emocionales que surgen cuando se comunican con sus familias”.

El mandarín es obligatorio. Beijing dijo que “las costumbres de los grupos étnicos y el derecho a usar su idioma hablado y escrito están protegidos en los centros”. Los documentos, sin embargo, indican que en la práctica, las clases son en mandarín y que ese es el idioma que se usa en las comunicaciones diarias.

Un exempleado de Xinjiang TV que ahora vive en Europa fue seleccionado para enseñar mandarín durante el mes que estuvo preso en el 2017. Contó que dos veces al día los detenidos debían formar fila y ser revisados por la policía. Unos pocos elegidos al azar eran interrogados en mandarín, señaló. Quienes no podían responder en mandarín eran golpeados o privados de comida por días. O se les prohibía hablar.

Un día, recordó el exmaestro, un policía le preguntó a un viejo campesino, en mandarín, si le gustaba el centro de detención. El hombre se disculpó hablando un mandarín quebrado y en uigur, explicando que le costaba entenderlo por su edad. El funcionario se le acercó y lo golpeó en la cabeza con un bastón. El hombre cayó al piso, sangrando.

“No nos ven como seres humanos”, dijo el exmaestro, quien no quiso dar su nombre por temor a que su familia sufra represalias. “Nos trataban como animales. Como cerdos, vacas, ovejas”.

A los detenidos se les toman pruebas de mandarín, ideología y disciplina. Un examen corto por semana, otro un poco más largo por mes y uno grande al finalizar el año. Se incorporan los resultados a un complejo sistema de puntuación. Quienes sacan buenas notas son premiados con beneficios como visitas de la familia y pueden incluso “graduarse” e irse. A quienes les va mal se los coloca bajo programas más estrictos, con períodos de detención más largos. Exdetenidos dijeron a la AP que los castigos incluyen privación de alimentos, uso de esposas, confinamiento solitario, golpizas y torturas.

Las puntuaciones de los reclusos son incorporadas al POCI. Los estudiantes son enviados a programas para “mejorar las aptitudes vocacionales” solo después de haber estudiado al menos un año ideología, leyes y mandarín.

Cuando dejan estos programas, dicen los documentos, hay que hacer todo lo posible para que consigan trabajo. Algunos detenidos dijeron que fueron obligados a firmar contratos que los hacían trabajar muchas horas, con un sueldo bajo, y les impedían irse de la fábrica durante la semana.

Qurban dijo que después de pasar nueve meses detenido, un supervisor lo llamó y le dijo que había sido ”perdonado”, pero que nunca debía contar lo que había visto. Cuando regresó a su pueblo, se le dijo que debía trabajar en una fábrica.

“Si no lo haces, te mandan de vuelta al centro”, dijo un funcionario.

Qurban se presentó a un taller de ropa, del cual no se le permitió salir. Fue liberado después de trabajar 53 días. Pasó otro mes bajo arresto domiciliario, hasta que finalmente se le permitió regresar a Kazajstán y ver a sus hijos. Le pagaron 300 yuans, equivalentes a unos 42 dólares.

Pastor toda su vida que nunca pensó en la política, a Qurban le gustaba contar cuántos amigos han tenía. Ahora, afirma, los odia.

“Jamás cometí un delito, nunca hice nada malo”, expresó. “No se entiende por qué me mandaron allí”.