AP NEWS
Related topics

Argentina anticipa mayores restricciones a compra de dólares

December 17, 2019 GMT
1 of 2
ARCHIVO: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la izquierda, abraza a Martín Guzmán después de nombrarlo ministro de Economía en el palacio presidencial en Buenos Aires, Argentina, el martes 10 de diciembre de 2019. (AP Foto / Daniel Jayo)
1 of 2
ARCHIVO: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la izquierda, abraza a Martín Guzmán después de nombrarlo ministro de Economía en el palacio presidencial en Buenos Aires, Argentina, el martes 10 de diciembre de 2019. (AP Foto / Daniel Jayo)

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Alberto Fernández anticipó el martes en un proyecto de ley enviado al Congreso argentino un endurecimiento de las restricciones a la compra de divisas, el aumento de los derechos de exportación de granos y congelamiento de tarifas de servicios públicos, entre otras medidas, con el objetivo de financiar un mayor gasto social y reactivar la economía mientras negocia un nuevo plan de pagos de su deuda con acreedores externos.

El ministro de Economía Martín Guzmán confirmó en rueda de prensa que se fijará un impuesto del 30% sobre la compra de divisas para atesoramiento, viajes y pago de servicios en el exterior.

Además, elevarán el tope a los derechos de la exportación de la soja de 30% a 33%, y el maíz y el trigo de 12% a 15.

Estas resoluciones están contempladas en el denominado proyecto de ley “Solidaridad Social y reactivación productiva” enviado este martes por el presidente Fernández, un peronista de centroizquierda que asumió hace una semana. La iniciativa comenzará a debatirse esta misma semana en la Cámara de Diputados y la próxima en Senado.

El oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras por lo que se descuenta su aprobación.

“Este es el primer paso para resolver la crisis económica y social que atraviesa la Argentina”, indicó Guzmán. “Entendemos lo muy dura que es la situación actual: el crecimiento de la pobreza, la indigencia y el hambre”.

La última medición oficial dio cuenta de una pobreza del 35%, pero estudios privados pronosticaron que para fin de año se elevará al 40% de la población en un contexto de recesión económica e inflación del prevista del 55% para 2019.

En ese sentido, el 70% de lo recaudado por los nuevos impuestos se destinarán a la ayuda social y el restante a proyectos de infraestructura y vivienda social.

El nuevo impuesto sobre la compra de dólares, que tendrá una vigencia de cinco años, implica un endurecimiento de las trabas fijadas por el anterior gobierno del conservador Mauricio Macri, quien había limitado la adquisición de divisas a 200 dólares por mes.

Incluso estas nuevas disposiciones son más restrictivas que el popularmente llamado “cepo” al dólar fijado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la segunda parte de su gobierno (2007-2015), en el cual el ciudadano que viajaba al exterior pagaba más caro el dólar, pero lo descontaba luego en su declaración jurada ante el fisco.

De esas trabas quedan exceptuados los importadores, servicios de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y la utilización de plataformas educativas. También los gastos asociados a proyectos de investigación de científicos que trabajen dentro del país.

La desconfianza que pesa sobre la economía argentina desde principios de 2018 y que se ha visto materializada en una sangría de dólares ha impactado en el nivel de reservas del Banco Central. Frenar este drenaje es también una de las prioridades de la nueva gestión mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados los vencimientos de deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares.

“Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos. El país se endeudó brutalmente, pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita contar con las divisas para sostener niveles altos de gastos en dólar”, explicó el ministro.

Por otra parte, el proyecto oficial dispone la suspensión por 180 días de los aumentos previstos en tarifas de servicios públicos, como electricidad, mientras se reformula el actual esquema tarifario por otro “que tenga un balance adecuado para la protección social, la producción y las condiciones que fomenten la inversión en energía, que es fundamental”.