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Indígenas bolivianos reclaman justicia en EEUU

November 19, 2019
El abogado Thomas Becker, izquierda, gesticula mientras habla con Eloy Rojas Mamani, al centro, y su esposa Etelvina Ramos Mamani, durante una conferencia de prensa en Miami el martes 19 de noviembre de 2019. (AP Foto/Wilfredo Lee)
El abogado Thomas Becker, izquierda, gesticula mientras habla con Eloy Rojas Mamani, al centro, y su esposa Etelvina Ramos Mamani, durante una conferencia de prensa en Miami el martes 19 de noviembre de 2019. (AP Foto/Wilfredo Lee)

MIAMI (AP) — Han pasado 16 años, pero a Etelvina Ramos aún se le paraliza la voz y se le cristalizan los ojos cuando recuerda a su hija desangrándose en sus brazos por el impacto de una bala que ingresó por la ventana mientras jugaba en su cuarto. Era septiembre de 2003, Marlene tenía ocho años, y murió por lo que su familia considera fueron disparos de militares que recibían órdenes del entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ramos y su esposo Eloy Mamani están indignados y buscan en Estados Unidos la justicia que no pudieron conseguir en su país. El martes le reclamaron a un tribunal de apelaciones de Miami que haga valer la decisión de un jurado y declare responsables al expresidente Sánchez de Lozada y a uno de sus ministros por una serie de matanzas extrajudiciales durante protestas callejeras que hicieron caer a su gobierno en 2003.

“Estamos buscando justicia”, expresó Eloy Mamani en una improvisada rueda de prensa en la calle tras salir de la audiencia judicial. “No vamos a descansar hasta las últimas consecuencias”, dijo el hombre de 45 años acompañado por su mujer, Etelvina, que llevaba su largo cabello negro recogido con dos trenzas.

En abril de 2018, tras casi un mes de juicio, un jurado del sur de la Florida declaró responsables a Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, y les ordenó pagar diez millones de dólares en daños y perjuicios a los demandantes del caso judicial iniciado por familiares de algunas de las más de 60 personas muertas en la llamada “Masacre de octubre”.

Pero pocas semanas después, en mayo de 2018, un juez federal anuló ese fallo, lo que significó un revés para los indígenas que interpusieron la demanda civil contra los dos exfuncionarios, que viven en Estados Unidos desde que salieron de Bolivia en 2003.

Aunque en Bolivia se ventiló un proceso judicial por esas matanzas, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no fueron parte porque la ley de la nación sudamericana no permite los juicios en ausencia.

El martes las partes volvieron a los tribunales, después de la apelación al fallo del juez presentada por las familias indígenas. El objetivo de los indígenas bolivianos es que la corte de apelaciones vuelva a declarar culpables al expresidente y su ministro y restituya el resarcimiento económico, pero también quieren llevar un mensaje al mundo.

“El mensaje es que no vamos a tolerar en este país personas que usen a este país como refugio”, expresó Steven Schulman, parte de un equipo de 100 abogados que representa a los indígenas bolivianos.

En la audiencia, los tres jueces de la corte escucharon atentamente a los abogados de ambas partes, que expusieron cada uno a su turno sus alegatos.

En la demanda, presentada en 2007, los Mamani y los familiares de otros siete bolivianos que murieron en las protestas alegan que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron la ejecución de miles de civiles para aplastar a la oposición. Más de 400 personas resultaron heridas, además de los muertos.

La defensa de los exfuncionarios asegura que la muerte de los civiles se debió a fuego cruzado entre militares y manifestantes, y que no fue intencional.

El proceso judicial pudo ventilarse en Estados Unidos bajo una ley que protege a las víctimas de torturas que permite demandas por matanzas extrajudiciales, aunque hayan sucedido en otros países.

Stephen Raber, defensor de los exfuncionarios, dijo a los jueces que durante el juicio nunca se materializó la evidencia de responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Dijo que tampoco se sabía exactamente quiénes habían ejecutado los disparos y reiteró que existía caos en el país y el entonces presidente tenía la obligación legal de pedir la intervención militar para restituir el orden público.

Aclaró que el comandante de las fuerzas armadas, y no el presidente, es el único que tiene en Bolivia la potestad de ordenar que se hagan disparos.

Para los demandantes, sin embargo, sobran evidencias de que el expresidente y su ministro fueron responsables.

“Los 10 jurados han demostrado que el autor de esto, de esta masacre, fueron Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”, dijo Mamani, quien trabaja como albañil de la construcción en La Paz.