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CIDH condena a Bolivia por eximir de culpa a militares

November 17, 2019
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Varias mujeres encienden velas cerca de los ataúdes de partidarios del expresidente Evo Morales que fallecieron en choques con las fuerzas de seguridad en Sacaba, Bolivia, el 15 de noviembre de 2019. (AP Foto/Juan Karita)
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Varias mujeres encienden velas cerca de los ataúdes de partidarios del expresidente Evo Morales que fallecieron en choques con las fuerzas de seguridad en Sacaba, Bolivia, el 15 de noviembre de 2019. (AP Foto/Juan Karita)

SACABA, Bolivia (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al nuevo gobierno de Bolivia por emitir un decreto que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden interno, en momentos en que el país pasa por una convulsión que ya ha dejado 23 muertos.

“El grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta... y contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo a través de Twitter.

The Associated Press intentó infructuosamente contactar a alguna autoridad de Bolivia en busca de comentarios al respecto.

La norma fue aprobada la víspera, el día más violento desde que comenzó la crisis y que derivó en la muerte de al menos ocho cocaleros partidarios del expresidente Evo Morales.

“No es una licencia para matar de las Fuerzas Armadas”, aseveró el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa. Explicó que el decreto se basa en el Código Penal, que señala que “si uno se defiende en defensa propia no tiene pena, precisamente eso ratifica lo que ya está establecido”.

Justiniano consideró increíble que la CIDH se haya pronunciado tan rápido respecto al decreto cuando hay otros temas por los que aún no contesta.

“Nosotros lo que queremos con este decreto es contribuir a la paz social, garantizar que se establezca un orden social”, agregó

En tanto, el enviado de Naciones Unidas, Jeann Arnault, se reunió el sábado con la presidenta interina Jeanina Áñez para contribuir al proceso de paz que buscan las partes con intervención de mediadores.

“Hay que ver por la protección de la vida, por encima de cálculos políticos, está la necesidad de apresurar una solución política”, dijo a los periodistas el sábado.

De acuerdo con la CIDH, en 25 días de convulsión social, 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas.

El viernes varias personas murieron por heridas de bala.

“Hubo uso desproporcionado de la fuerza que debe investigarse”, declaró ante los medios Nelson Cox, representante del Defensor en Cochabamba _ciudad del centro de Bolivia en la que se registraron los hechos.

Cientos de cocaleros del Chapare, provincia bastión de Morales, llegaron a Cochabamba, pero un cordón militar-policial les cerró el paso. El viernes, los manifestantes rompieron la barrera y estalló la violencia.

El sábado, los cocaleros asesinados eran velados en la carretera cerca del sitio de los enfrentamientos.

La policía informó que a los manifestantes les fueron decomisados un fusil, gas lacrimógeno, petardos, canicas y hondas. Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el sábado que hay “grupos sediciosos” atizando la protesta con participación de “extranjeros”.

Cochabamba ha sido escenario de violentos choques entre cocaleros afines a Morales y organizaciones cívicas opositoras. Un estudiante murió a golpes en uno de los enfrentamientos anteriores.

La violencia se desató inicialmente tras acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en que Morales buscaba un cuarto mandato. Ahora las protestas son de grupos que piden su regreso y rechazan la elección de Áñez _quien deberá llamar a nuevas elecciones en tres meses.

“Morales está sacando gente armada del Chapare”, denunció Áñez el sábado. Desde México, donde se encuentra exiliado, Morales acusó a Áñez de reprimir al pueblo con apoyo militar.

La presidenta interina anunció, sin detallar, “medidas constitucionales” para frenar la convulsión. Áñez no ha logrado hacer avances para pacificar el país, y mientras el conflicto se alarga, comienza a sentirse la escasez de combustible, alimentos y suministros _sobre todo en La Paz_ debido a los bloqueos que impiden el tránsito.

La Paz es también el centro de violentas protestas a favor de Morales.

El exgobernante indígena salió exiliado a México alegando un golpe de Estado de la derecha después que una auditoria de la OEA ratificara irregularidades en los comicios y recomendara nuevas elecciones. Morales perdió el respaldo de los policías y de las fuerzas militares, lo que precipitó su renuncia a tres meses de completar su tercer mandato.

La Embajada de Argentina, con apoyo de gendarmes de ese país, ayudó a desalojar a cuatro periodistas de cadenas argentinas que denunciaron agresiones de parte de los manifestantes, según un comunicado de esa delegación. La Cancillería de Buenos Aires manifestó su preocupación por las denuncias.

En una entrevista con la AP en México el jueves, Morales dijo que aunque presentó su renuncia, el Congreso nunca la aceptó, por lo que se podría decir que “sigo siendo presidente”.

Morales señaló que abandonó el cargo por la presión del ejército _ pues el jefe de las fuerzas armadas había “sugerido” su salida_ y por las amenazas de violencia contra sus colaboradores. Áñez rechazó su argumento.

Morales hizo una buena gestión económica, pero muchos bolivianos se desencantaron por escándalos de corrupción, presunto autoritarismo y su insistencia de aferrarse al poder.

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Los periodistas de The Associated Press Carlos Valdez y Paola Flores en La Paz contribuyeron a este despacho.