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Investigador de CICIG ingresa a Guatemala tras ser detenido

January 7, 2019
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Varias personas se manifiestan en apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, el domingo 6 de enero de 2019. (AP Foto/Santiago Billy)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tras permanecer detenido más de 24 horas en el aeropuerto internacional La Aurora, el investigador Yilen Osorio Zuluaga de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entró al país luego de que la Corte de Constitucionalidad le ordenó al gobierno que permitiera su ingreso.

El colombiano Osorio Zuluaga fue detenido por autoridades migratorias guatemaltecas a su llegada al país el sábado por la tarde, pese a un fallo de la CC de que Guatemala debe conceder visas y el ingreso a los miembros de la CICIG, un organismo patrocinado por las Naciones Unidas que ha investigado a altos miembros del gobierno del país, así como al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Todos ellos rechazan las acusaciones de corrupción en su contra.

“La Corte, con base en la facultad que constitucionalmente le compete, ordena al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración que deje sin efecto, en el plazo máximo de una hora, la decisión de los delegados de migración de no admitir el ingreso al territorio nacional del funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Yilen Osorio Zuluaga de nacionalidad colombiana”, señaló la CC en un comunicado.

El pasado 16 de octubre la CICIG informó que el gobierno de Guatemala negó la visa a 11 investigadores, motivo por el cual se interpuso una denuncia ante la Corte de Constitucionalidad. El 18 de diciembre, la cancillería les retiró la inmunidad diplomática a las 11 personas y les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, tres días después la corte ordenó que se entregaran las visas.

Osorio Zuluaga salió de la terminal aérea en una camioneta de la CICIG y protegido por fiscales del ministerio público. Frente al aeropuerto un grupo de unas 200 personas se manifestaron a favor del investigador durante más de 10 horas.

En la mañana, la fiscalía general emitió un comunicado en el que informó que investigará el caso para deslindar responsabilidades legales, y no descartó la solicitud de retiro de inmunidad a los funcionarios y empleados públicos que desobedecieron la orden constitucional que protegía a Osorio Zuluaga y a otros funcionarios de la CICIG para permanecer en el país.

Posteriormente se procedió a la detención de Irma Cruz Suntecún Tesucún, delegada de Migración, y de Miguel Antonio Cantoral Dávila, jefe de Delegación de Migración en el aeropuerto por haber impedido el ingreso de Osorio.

The Associated Press solicitó vía telefónica una postura oficial al vocero de Morales, Alfredo Brito, quien no respondió a los llamados.

Osorio encabeza una pesquisa de presunta corrupción en la que están involucrados el vicepresidente del Congreso y otras personas. También participó en una investigación por financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el que llevó a Morales al poder.

Morales, de 49 años, lleva casi tres años de su período de cuatro como mandatario de Guatemala, donde no se permite la reelección. Este año se efectuarán elecciones, y a algunos les preocupa que quiera mantenerse en el poder. Ya ha expresado que le gustaría seguir en el cargo, pues considera que cuatro años es poco tiempo para efectuar mejoras en el país.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú criticaron al gobierno de Morales por desobedecer el fallo de la CC. En conferencia de prensa, los organismos consideraron que el gobierno estaba incurriendo en el delito de desobediencia a las resoluciones de ese tribunal.

Menchú consideró que las acciones del poder ejecutivo alientan la impunidad y la corrupción e instó a los guatemaltecos a no permitirlo.

“Este capricho de no acatar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad pone en riesgo el estado de derecho y pone en riesgo todos los casos contra corruptos”, afirmó Menchú. “Esto nos recuerda y reafirma que las acciones del gobierno promueven las acciones de corrupción e impunidad. No podemos permitir que exista un retroceso”.

Por su lado, la organización Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; y el procurador general, Jorge Luis Donado Vivar, por impedir el ingreso de los trabajadores de la CICIG.

“Hay amparos vigentes no solo de la CC sino también de jueces. Se depende del accionar y de la firmeza del Ministerio Público para actuar”, expresó la activista Helen Mack. “También se está poniendo en juego las elecciones para perpetuarse en el poder. CICIG es solo una excusa para lo que ellos quieren; han cooptado varias instituciones”.

Durante la noche, un abogado interpuso un recurso para que un juez revisara la situación y la integridad de Osorio Zuluaga. Luego de eso, un juez determinó que el funcionario de la CICIG debía permanecer en la terminal aérea y solicitó informes a la cancillería y al Ministerio de Gobernación.

Morales, que se desempeñaba como actor cómico en la televisión, ascendió al poder por abrumadora mayoría en 2015 en medio de una desilusión generalizada con la clase política del país. En esa época, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti renunciaron a sus puestos para que enfrentaran cargos por fraude y corrupción.

Sin embargo, el gobierno de Morales, un cristiano evangélico, también se ha visto afectado por acusaciones de corrupción y lavado de dinero.

Este es el capítulo más reciente de una pugna entre el gobierno de Guatemala y el CICIG, luego de que la comisión y la fiscalía iniciaran investigaciones en 2017 contra familiares de Morales por corrupción, así como por solicitar el retiro de la inmunidad del mandatario por el presunto delito de financiamiento electoral anónimo e ilícito que empresarios le habrían entregado para que este pudiera alcanzar el poder.

La CICIG lleva más de una década de operar en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.